Miguel Garrido: «España no se puede permitir que se trabaje otros cuatro años en contra de las empresas»

-¿Qué esperan los empresarios del nuevo Gobierno?

-Estamos muy preocupados por los pactos de legislatura que se pondrán en marcha, y por la polarización y el enfrentismo que vimos en el discurso de investidura del presidente del Gobierno y en la intervención de muchos grupos. La auto denominada coalición progresista ha dibujado dos bandos, los buenos y los malos, y los empresarios estamos claramente en el de los malos. Tememos que se vaya a trabajar en contra de los intereses de las empresas, lo que parece una certeza por las manifestaciones realizadas por los que van a estar en el Ejecutivo o apoyándole dirigidas a restar competitividad a las empresas.

-No están tranquilos...

-Es muy grave que en un discurso de hora y media el presidente del Gobierno no hiciera ni una referencia a medidas para mejorar la productividad y competitividad empresarial -muchas de las que se tomarán van, incluso, en sentido contrario-. Es inédito en el discurso de un candidato a la presidencia que expone su programa de gobierno a los diputados que no tengan en cuenta las preocupaciones de las empresas, las pymes y los autónomos y muy significativo de lo que nos puede esperar.

-¿Buscarán el diálogo con el nuevo Ejecutivo?

-Siempre lo hemos hecho, a lo largo de nuestra historia y en los últimos cinco años, en los que nos hemos sentado a negociar todo tipo de cosas y aguantado mucha hostilidad hacia los empresarios. Aún así nos hemos comportado de forma leal en mesas de negociación, pactando en algún caso para evitar un mal mayor, o mostrando nuestro desacuerdo. El nuevo Gobierno tendrá que contar con las empresas porque, de lo contrario, no habrá creación de riqueza y empleo. Y por ello, defenderemos nuestras posturas y buscaremos líneas de acuerdo, aunque sabemos que será muy complicado, pero España no se puede permitir que otros cuatro años se trabaje en contra de las empresas. Sería un suicidio como sociedad.

-Juan Roig ha alertado del clima de enfrentamiento y del peligro para las inversiones, y el naviero Vicente Boluda ha pedido que los pactos de investidura se sometan a consulta.

-Roig habla muy claro y tiene la solvencia que le da ser un gran creador de riqueza y empleo y de contribuir al bienestar de los españoles, y deberían escucharlo. Ha advertido de que la situación política y las medidas que se han pactado puede frenar muchas de las inversiones que llegan a España o las que realizan las empresas dentro del país, y tenemos que ser capaces de trasladar al Gobierno esta urgencia de evitar que ocurra. El problema es el frentismo con el que se está actuando. No se puede hacer política a costa de la mitad de un país y no se puede sostener en el tiempo porque la herida sería de tal magnitud que nos llevaría a una situación catastrófica. Por eso apelo a la responsabilidad de los políticos, para que se enfrenten a la realidad de que tienen que gobernar para todos los españoles.

-¿Y sobre la consulta que pide Boluda para los acuerdos de investidura?

-Sería lógico, porque los españoles votaron sin conocer cuáles iban a ser los acuerdos alcanzados posteriormente.

-¿Qué opina de la amnistía?

-De un lado, hemos escuchado que la amnistía es para recuperar la convivencia, para la reconciliación y para buscar la normalización de la vida en Cataluña. Y del otro lado hemos oído que la amnistía tenía que restituir la situación generada por la actuación injusta, ilegal y desproporcionada del Estado, y que había que reparar el mal cometido por este. Pero la realidad es mucho más sencilla. Se ha cambiado la impunidad de unos delincuentes por unos votos para una investidura, consagrando la desigualdad de los españoles ante la ley. Ahora cada persona que cometa un error o algo indebidamente, y que tenga que responder ante la justicia ¿con qué criterio le vamos a exigir cuando hemos visto que a cambio de intereses partidistas se olvidan o borran los delitos?

-Es un precedente...

-Con la amnistía los independentistas van a conseguir anular la acción de la Justicia y provocar que los partidos políticos estén por encima de los jueces, lo que nos pone al nivel de países del ultimo rango en niveles de calidad democrática, lo que tendrá consecuencias económicas. A cualquiera que mire a España como lugar para radicar su actividad económica estas cosas le tienen que preocupar. En otros países se hizo lo mismo y ahora están como están.

-Las exigencias de los independentistas a Pedro Sánchez no parece que vayan a parar.

-Lo han dejado muy claro y van a estar permanentemente intercambiando apoyos por su agenda de interés separatista, y parece que el Gobierno está dispuesto a pasar por el aro y someterse al chantaje, lo que va a beneficiar a unos españoles a costa de otros, porque nada es gratis y habrá que pagar la fiesta. Tienen que ser conscientes los ciudadanos de toda España y los representantes políticos de cada territorio que tendrán que defender a sus ciudadanos y decir hasta aquí hemos llegado. Y los ciudadanos lo tenemos que reclamar.

-El pacto de legislatura perdona 15.000 millones de deuda a Cataluña y abre la puerta a la cesión de la totalidad de los impuestos que recaudan.

-La deuda no desaparece y lo que debían unos ahora lo vamos a deber otros. Lo pagarán las siguientes generaciones, y los jóvenes se van a empezar a hartar. Transporte gratis, subvenciones, bonos... la deuda se paga y condonarla es un estímulo a los derrochadores. El mensaje que se manda con ese perdón es que los actos no tienen consecuencias, y sí tienen.

-¿Quién va a poner el dinero que Cataluña dejará de aportar para sostener a las regiones más pobres?

-El pacto con el independentismo rompe la igualdad entre españoles y la solidaridad, principios que pensaba que la izquierda los tenía más arraigados. Ahora, los que más tienen ayudan a los que menos tienen, pero ya no será así. Dejarán que comunidades ricas, como Cataluña y País Vasco, gestionen sus impuestos y sus cuentas, y el resto, entre ellas Madrid, tendrán que financiar a las regiones que menos tienen, como Extremadura o Castilla-La Mancha. Somos una sociedad cada vez más egoísta. En Madrid tenemos un enorme compromiso en la financiación de la sostenibilidad del sistema de bienestar de todos los españoles, somos conscientes de que Madrid las cosas van mejor porque se han hecho las cosas mejor, y de que, en general, las rentas son más altas y tenemos que hacer una mayor contribución. Pero no vale que seamos los únicos.

-¿Y el impuesto a los ricos?

-Pura demagogia y son conscientes. De hecho, la ministra de Hacienda reconoció cuando estaba en Andalucía que como entonces se pagaban muchos impuestos, los inversores se habían ido. ¿Qué creen que va a pasar en España, y qué va a pasar en Madrid, si ponemos más impuestos para pagar la fiesta de los independentistas? Pues que los inversores se van a ir.

-¿Tienen conocimiento de que haya empresas que se están planteando sacar sus inversiones o sus sedes fuera de España como hizo Ferrovial?

-Tenemos constancia de que algunas empresas están estudiando y evaluando decisiones de cara a su futuro. Las empresas por encima de todo tienen que ser rentables, es su responsabilidad. En la medida en que se dificulte su rentabilidad en determinados territorios, buscarán otros lugares donde invertir.

-El pacto de PSOE con Junts buscará que vuelvan a Cataluña las empresas que se fueron tras el procés.

-Si quieren que vuelvan empresas a Cataluña tiene que haber seguridad física y jurídica, buena fiscalidad e infraestructuras, en definitiva, ser un territorio atractivo. Si se pretende evitar que salgan las empresas u obligar a que vuelvan con sanciones económicas, chantajes, obligaciones o regulaciones, no lo van a conseguir.

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-¿Cree que habrá presiones?

-No se sabe. Probablemente lo que quieran los partidos nacionalistas.

-En ABC publicamos que la factura de las cesiones al independentismo superan los 100.000 millones.

-Pues no tenemos ese dinero. A partir del año que viene los estímulos a la deuda van a desaparecer, por lo que tendremos que enfrentarnos al mercado para conseguir el dinero, ¿entonces qué va a pasar?

-Y Europa, ¿Qué pasos debería dar?

-En algún momento tendrá que decir a los gobiernos derrochadores que se ha acabado, que hay que ser sobrio, como son las empresas, las familias y los buenos gestores. Y está tardando en imponer sobriedad. De no hacerlo rápido este Gobierno nos va a llevar a una ruina de la que no podremos salir.

-Con el arranque del año, viene para las empresas un alud de costes. SMI, más cotizaciones... Y se pueden añadir el encarecimiento del despido y la rebaja de jornada hasta 37,5 horas.

-Este Gobierno vive del relato. Si se empleara con tanta destreza en solucionar los problemas de nuestra economía, en lugar de disfrazarlos, nos iría muy bien.

-¿Qué medidas habría que tomar?

-Paliar el absentismo laboral, por ejemplo, o reducir e incentivar las cotizaciones sociales para mejorar la productividad. Creen que las empresas pueden con todo, y llega un momento en el que han exprimido tanto el limón que ya no sale más. Las empresas si gastan más de lo que ingresan no tienen déficit, tienen pérdidas y si no pueden seguir reducen plantillas o cierran.

-La buena marcha de la economía ha acompañado hasta ahora al Gobierno, pero los indicadores reflejan síntomas de ralentización y que vienen curvas.

-En España tenemos la enorme fortuna de contar con un sector como el turístico, que nos ha salvado la economía trimestre tras trimestre. Ha sido nuestro verdadero motor económico, y mientras siga siendo así, nos acompañarán los buenos datos. Pero la actividad industrial, los pedidos de bienes industriales, están cayendo de manera significativa.

-¿Qué opina de la hostilidad de este Gobierno con algunas regiones como Madrid?

-Ahora que el Tribunal Constitucional ha bendecido el impuesto a las grandes fortunas, a pesar de que evidentemente, como explican muy bien los votos particulares, es un ataque frontal a la capacidad normativa de una comunidad autónoma, nos preocupa que la hostilidad vaya a ser la tónica de la nueva legislatura. Que se legisle no solo con sus agendas sociales, e ideológicas sino también contra determinadas comunidades autónomas. Es una paradoja que el Gobierno esté negociando cada vez más transferencias de impuestos, de competencias, de gestiones a las autonomías, particularmente a País Vasco y a Cataluña, mientras con otras regiones hace todo lo contrario, les está invadiendo y quitando competencias. Parece que los españoles de primera son los que están en las comunidades gobernadas por los socialistas y que el resto son de segunda.